Lo que fue anunciado como un “éxito” en la guerra contra el narcotráfico hoy genera indignación y sospechas. Un bombardeo respaldado por inteligencia de Estados Unidos que, según el gobierno ecuatoriano, destruyó un campamento criminal, podría haber arrasado en realidad una finca lechera con trabajadores dentro. Las denuncias apuntan a algo aún más grave: posibles torturas, manipulación de la escena y un operativo que podría convertirse en un escándalo internacional.

Tras el bombardeo, las autoridades aseguraron que en el lugar operaba un grupo armado ligado al narcotráfico y que allí se entrenaban decenas de hombres. Sin embargo, alrevisar la zona, lo que encontraron fue muy distinto: establos, vacas, terneros, queseras y viviendas campesinas. No aparecieron armas, droga ni estructuras propias de un campamento ilegal.

Pero lo más grave del caso no sería solo un posible error de inteligencia. Trabajadores de la finca denunciaron que fueron retenidos por militares, golpeados, torturados y obligados a confesar supuestos vínculos con grupos armados. Según los testimonios, primero los soldados habrían quemado las construcciones y días después se realizó el bombardeo, lo que ha generado sospechas de que el ataque aéreo se hizo cuando el lugar ya estaba destruido.

La polémica crece porque Estados Unidos habría participado con inteligencia y apoyo logístico en la operación. Ahora la pregunta que se hacen medios internacionales y organizaciones de derechos humanos es delicada: ¿hubo un error militar, un falso positivo o un montaje para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico?

Este caso además ocurre en un momento muy sensible para Ecuador, donde el gobierno ha intensificado las operaciones militares contra grupos armados y narcotraficantes, especialmente en la frontera con Colombia, una de las zonas más golpeadas por el tráfico de droga, la presencia de disidencias guerrilleras y bandas criminales. Por eso, este operativo había sido presentado como un gran resultado militar en medio de la crisis de seguridad que vive ese país.

Expertos en seguridad y derechos humanos advierten que si se confirma que el lugar no era un campamento ilegal, el caso podría tener consecuencias internacionales, ya que se habría utilizado inteligencia militar para atacar un objetivo civil. Esto podría abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos e incluso generar tensiones diplomáticas, debido al apoyo que habría brindado Estados Unidos en la operación.

Organizaciones internacionales ya están pidiendo investigaciones, porque de confirmarse la denuncia, se trataría de la destrucción de una propiedad civil y posibles violaciones de derechos humanos, lo que podría convertirse en uno de los escándalos militares más graves de los últimos años en la región.

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Desaparecieron uno a uno

El primer caso se reportó el 14 de enero, cuando un joven salió y nunca regresó. Días después, el 30 de enero, desaparecieron otros cuatro jóvenes que, según testigos, habrían sido vistos en el centro del municipio antes de perderse todo rastro de ellos. Semanas después, se denunció la desaparición del sexto joven.

Fue entonces cuando las familias se dieron cuenta de algo aterrador: no era un caso, eran varios jóvenes desapareciendo en el mismo lugar y en el mismo periodo de tiempo.

Las hipótesis: reclutamiento, bandas o algo peor

Las autoridades manejan varias hipótesis. Una de las principales es el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. Otra línea de investigación habla de posibles disputas por microtráfico en la zona. Sin embargo, hasta ahora no hay una versión oficial clara ni pistas concretas sobre el paradero de los jóvenes.

Lo que más preocupa a las familias es que todos los desaparecidos son jóvenes y la mayoría se conocían entre sí, lo que refuerza la teoría de que pudieron haber sido citados o llevados con engaños.

El día que todo cambió: varios desaparecieron juntos

El caso dio un giro alarmante el 30 de enero, cuando al menos cuatro de los jóvenes fueron vistos por última vez en el centro del municipio.

Desde entonces, los nombres comenzaron a repetirse en carteles, redes sociales y denuncias:

• Santiago Izquierdo Cuervo
• Zait Stevan Ángel Delgado
• Sergio Andrey Vanegas Moncada
• Luisa Fernanda Chavarro Díaz

A ellos se suman:

• Fredy Hernando Galindo Cruz (desaparecido el 14 de enero)
• David Santiago Toro Arévalo (reportado días después)

El miedo crece en el municipio

Mientras avanzan las investigaciones, el miedo crece entre los habitantes. Las familias han realizado velatones, plantones y campañas en redes sociales para que el caso no quede en el olvido y para presionar a las autoridades a acelerar la búsqueda.

Actualmente hay una recompensa 35 millones de pesos por información que permita encontrarlos, pero hasta ahora no hay resultados concretos. Ni una llamada clave, un rastro contundente, ni una respuesta para las familias.

Un misterio sin resolver

El caso de los seis jóvenes desaparecidos se ha convertido en uno de los más preocupantes del Tolima en los últimos años, no solo por el número de desaparecidos, sino por la forma en que ocurrieron los hechos: en silencio, en pocos días y sin dejar rastro.

Hoy, seis familias siguen esperando una llamada, una pista o cualquier información que les diga dónde están sus hijos.

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El uniformado era oriundo del municipio de Piendamó, Cauca, y trabajaba como patrullero en la estación de Policía de Timbío, una de las zonas más complejas del departamento por la presencia de grupos armados ilegales. 

Murió cuando intentaba proteger a la población

El atentado ocurrió en la tarde del lunes, cuando varias patrullas realizaban recorridos de verificación tras recibir información sobre explosivos instalados en la vía Panamericana, en el tramo entre Popayán y Timbío. Cuando los policías pasaron por el sector de Las Piedras, los explosivos fueron activados, en lo que las autoridades consideran un ataque planeado contra la Fuerza Pública. 

La explosión dejó a varios uniformados gravemente heridos. Juan David Grande fue trasladado de urgencia a un hospital en Popayán, pero no resistió la gravedad de las heridas y falleció cuando ingresó al centro médico. 

El ataque habría sido de disidencias de las Farc

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el atentado habría sido perpetrado por disidencias del frente Carlos Patiño, que delinquen en esta zona del Cauca y que en los últimos días habían instalado explosivos en esta vía, una de las más importantes del suroccidente del país. 

Dolor en su tierra natal

La muerte del patrullero ha causado profundo dolor en el municipio de Piendamó, donde era conocido por su familia y amigos. En redes sociales, habitantes del municipio han enviado mensajes de solidaridad a sus padres y seres queridos, recordándolo como un joven que prestaba servicio a la comunidad y que murió en medio de un ataque armado cuando cumplía con su deber. 

Un nuevo hecho de violencia en el Cauca

Este atentado vuelve a poner en evidencia la difícil situación de orden público en el departamento del Cauca, donde en las últimas semanas se han intensificado los ataques con explosivos contra la Fuerza Pública en la vía Panamericana, corredor clave que comunica el sur del país con el interior.

La muerte de Juan David Grande se suma a la lista de policías y militares que han perdido la vida en medio del conflicto armado que se mantiene en esta región del país.

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Tras una inspección realizada por la Agencia Nacional de Tierras, en la que se avanzó en la recuperación de la propiedad conocida como el Rancho Hermosillo, una finca de cerca de 400 hectáreas, Juan Felipe Harman, director de la ANT supuestamente ha venido recibiendo amenazas de muerte. Así lo manifestaron el Presidente Gustavo Petro, Luisa Montaño, lideresa social de Puerto Salgar, y el propio Harman. 

Federico Almanza, quien según la Agencia Nacional de Tierras ha ocupado y explotado irregularmente el predio desde por lo menos el 2017, supuestamente estaría detrás de las amenazas. “A usted lo están amenazando por eso. Almanza”, manifestó el presidente Petro en el consejo de ministros. 

El líder campesino Carlos Alberto Romero Martínez también habría recibido amenazas por parte de Federico Almanza Este líder campesino fue asesinado el 16 de diciembre de 2023, en la plaza de mercado de La Dorada, Caldas.

El Rancho Hermosillo no es cualquier terreno. Perteneció a Gonzalo Rodríguez Gacha. Fue transferido al Estado en 2017. Sin embargo, el estado colombiano nunca se lo había devuelto a sus propietarios. Hasta el 2025 el predio fue recuperado. De acuerdo con la lideresa social Luisa Montaño, esas tierras “llevan más de 40 años en disputa, son 49 predios”. 

Magdalena Medio: el epicentro del conflicto

El caso se enmarca en una situación más amplia en el Magdalena Medio, donde se han recuperado 44 mil hectáreas de tierras, y se adelantan procesos de entrega a campesinos. Puerto boyara, por ejemplo, es el segundo municipio con más tierra entregada para la reforma agraria. Once mil predios han sido recuperado y entregados. En el país, desde 2024 se han aprehendido 327 predios con un total de 81.915 hectáreas

Según Petro todo el campesinado del magdalena medio debe ser cuidado. Le dijo al ministro de defensa Pedro Sánchez, que la policía debe tener una unidad especial en la protección de campesinos beneficiarios de reforma agraria. Conforme con información del gobierno hay una ofensiva de estructuras mafiosas para recuperar tierras que hoy están en manos del Estado o en proceso de entrega a campesinos. “Quieren recuperar las tierras a sangre y fuego”, manifestó el presidente. 

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De acuerdo con los reportes, el conflicto se habría originado por problemas de convivencia dentro del penal. Situaciones como música a alto volumen, diferencias personales y tensiones acumuladas entre internas habrían hecho que la discusión escalara rápidamente, obligando la intervención de la guardia para evitar que pasara a mayores. Incluso, ambas habrían reconocido que ya existían roces previos, lo que deja ver que el ambiente venía siendo tenso.

Más allá de la pelea: lo que se está cuestionando

El escándalo no termina en el enfrentamiento. Paralelamente, han surgido versiones sobre posibles comportamientos polémicos por parte de Epa Colombia dentro de la cárcel.

Se habla de supuestos privilegios, uso de celulares y actitudes que habrían generado incomodidad entre otras internas. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, ha sido suficiente para encender el debate en redes sociales sobre las condiciones reales dentro de las prisiones en Colombia.

En cuanto a su situación, actualmente Epa Colombia se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional. Sin embargo, en los primeros meses tras su captura estuvo en la cárcel El Buen Pastor, antes de ser trasladada a este centro policial por razones relacionadas con seguridad y manejo del caso.

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Se trata de alias “Alonso”, cuyo nombre real es Jhorgen Alonso Muñoz, considerado uno de los financieros más poderosos del Clan del Golfo, responsable de mover cerca de 20.000 millones de pesos al mes provenientes de minería ilegal, extorsión y otras rentas criminales. Su detención representa un golpe estratégico a la estructura económica de la organización criminal y envía un mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar su poder o riqueza.

La mujer mona que lo delató

Parece sacado de una película: esta acompañante terminó siendo la pista que permitió la captura de uno de los financistas más poderosos del Clan del Golfo. Aunque la mujer no estaba implicada directamente, su presencia llamó la atención de las autoridades, quienes pudieron reconstruir rutas, hábitos y contactos del hombre. Gracias a esta inusual pista, la Dijín de la Policía interceptó a Alonso en Medellín mientras circulaba en su camioneta de lujo.

El papel clave dentro del Clan del Golfo

Alonso era considerado uno de los principales cabecillas financieros de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo. Su responsabilidad incluía coordinar actividades ilícitas por aproximadamente 20.000 millones de pesos al mes, provenientes de minería ilegal y otras operaciones criminales. Además, controlaba importantes territorios en Buriticá y el occidente de Antioquia, siendo clave para mantener las finanzas de la organización.

Implicaciones legales

Tras su captura, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio y financiamiento de estructuras criminales. Su arresto no solo representa un golpe a la estructura económica del Clan del Golfo, sino también un mensaje claro de que ningún financista criminal está por encima de la ley, sin importar su poder o riqueza.

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¿Qué ES realmente el “Trasnochón”?

No es solo una promoción. Es una jornada especial pensada para quienes no pueden hacer trámites en el día.

Durante tres noches (17, 18 y 19 de marzo), podrás:

• Radicar tu crédito de vivienda en horario extendido
• Recibir asesoría personalizada
• Avanzar todo el proceso en una sola visita

Horario: 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

Beneficios reales (confirmados por el FNA)

Esto es lo que está ofreciendo oficialmente la entidad:

• Preaprobación en minutos
• Financiación hasta del 100% de la vivienda
• Atención ágil y sin filas eternas (aunque en la práctica sí hay alta demanda)
• Descuentos del programa “Juntos”
• Ofertas de constructoras e inmobiliarias

No es solo para comprar casa: esto también incluye

El evento no se limita a vivienda nueva. También puedes:

• Comprar vivienda usada
• Construir en lote propio
• Mejorar tu vivienda (remodelaciones)
• Acceder a leasing habitacional

Incluso hay líneas especiales para jóvenes y familias. 

¿Dónde está pasando todo esto?

Las jornadas están habilitadas en ciudades principales:

• Bogotá (Zona Industrial y CAN)
• Medellín
• Cali
• Bucaramanga

Con atención nocturna para facilitar el acceso después del trabajo. 

Requisitos básicos para aplicar

Para no perder el viaje, necesitas:

• Estar afiliado al FNA
• Tener ingresos demostrables
• Buen comportamiento crediticio
• Documentos como cédula, soportes de ingresos y formularios

Sin esto, no podrás avanzar en el proceso.

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Investigaciones de las autoridades indican que buena parte de la violencia está ligada al control del microtráfico y las rentas ilegales en barrios populares del municipio.

Los homicidios que encendieron las alarmas

Durante 2025 la ciudad registró cerca de 49 homicidios, una cifra que generó preocupación en las autoridades locales.

Según la Policía, más de la mitad de esos asesinatos estarían conectados entre sí, producto de enfrentamientos entre bandas criminales por el control de puntos de venta de droga. 

Muchos de estos crímenes se cometieron bajo modalidad de sicariato, con atacantes que llegan en motocicleta y disparan contra sus víctimas en plena vía pública.

Las bandas que se disputan el control criminal

Las investigaciones han identificado al menos tres estructuras criminales principales que operan en la región del Alto Magdalena.

“Las Acacias”

Durante varios años fue considerada la organización más fuerte en Girardot.

Su líder era Jhon Mario Andrade Campos, conocido como alias “Jhonsito”, quien fue capturado en enero de 2026 en Dosquebradas, tras meses de seguimiento por parte de las autoridades. 

Según la Policía, este cabecilla tenía:

• 10 años de trayectoria criminal
• cerca de 87 integrantes bajo su mando
• presencia en 14 barrios de Girardot y municipios cercanos como Tocaima, Ricaurte y Flandes. 

Las autoridades lo señalan de estar vinculado con al menos 27 homicidios en 2025, lo que representaría el 55 % de los asesinatos registrados en la ciudad ese año. 

Además, las investigaciones indican que su organización utilizaba menores de edad para sicariato y venta de droga. 

La captura de “Jhonsito” fue considerada uno de los golpes más fuertes contra el crimen organizado en la región.

“Punta del Palo”

Otra estructura señalada por las autoridades es el grupo delincuencial Punta del Palo.

Su presunto cabecilla sería alias “Traqueto”, quien continúa siendo uno de los principales objetivos de captura en la región. 

Según las investigaciones, esta banda ha estado involucrada en:

• enfrentamientos con Las Acacias
• control de puntos de microtráfico
• disputas violentas por territorio.

Las autoridades incluso han ofrecido recompensas por información que permita capturar a su líder.

“Valle del Sol”

El tercer grupo mencionado en investigaciones policiales es la estructura Valle del Sol, cuyo cabecilla sería alias “Chilinga”.

Esta banda también estaría involucrada en la guerra por el control del microtráfico, enfrentándose con las otras estructuras criminales que operan en Girardot. 

Las autoridades mantienen abiertas investigaciones para identificar a los demás integrantes de esta organización.

Los barrios donde se concentra la disputa

Según informes de seguridad, las bandas han tenido presencia en sectores como:

• Las Acacias
• Kennedy
• Ciudad Montes
• Buenos Aires
• San Jorge
• Alto de la Cruz.

En estos barrios se han detectado puntos de venta de droga y redes de distribución que generan millonarias ganancias ilegales.

Qué ha pasado en los últimos meses

En los últimos meses las autoridades han intensificado los operativos contra estas estructuras criminales.

Entre los hechos más relevantes están:

• la captura de alias “Jhonsito”, principal líder de Las Acacias
• operativos de inteligencia para capturar a alias “Traqueto” y “Chilinga”
• consejos de seguridad y aumento del pie de fuerza en el municipio.

Las autoridades aseguran que la captura de líderes criminales puede debilitar las estructuras, aunque también advierten que estos grupos suelen reorganizarse rápidamente o dividirse en nuevas bandas.

El reto para la seguridad en Girardot

Aunque las capturas recientes representan avances importantes, expertos en seguridad señalan que el verdadero desafío será evitar que nuevos grupos criminales ocupen el espacio dejado por los líderes capturados.

Mientras tanto, en Girardot la lucha contra el microtráfico y el sicariato continúa siendo uno de los principales retos para las autoridades y la comunidad.

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El viernes 13 de marzo de 2026, una delegación de ministros colombianos viajó a Caracas, Venezuela, para continuar las negociaciones bilaterales tras la cancelación del encuentro presidencial entre Gustavo Petro y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que estaba previsto en el Puente Internacional Atanasio Girardot, entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. 

En la reunión en Caracas participaron el ministro de Defensa colombiano Pedro Sánchez Suárez, la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López. La agenda incluyó seguridad fronteriza, combate al narcotráfico, presencia de grupos armados ilegales y cooperación energética, incluyendo la posible reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. 

El ministro de Defensa colombiano afirmó que “la seguridad en la frontera requiere trabajo coordinado entre los países para combatir las estructuras criminales que operan en ambos lados”, y añadió: “Estamos reforzando la presencia de nuestras fuerzas en los corredores estratégicos y trabajando con la comunidad para que la población no sea rehén de los grupos armados”. 

Por su parte, en el frente económico, los candidatos presidenciales han centrado sus campañas en crecimiento económico, generación de empleo y reducción de la pobreza, dado que el costo de vida sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos.

El presidente Gustavo Petro ha reiterado que uno de los retos más importantes es reducir las desigualdades sociales, señalando que el crecimiento económico debe ir acompañado de políticas de bienestar social que mejoren la calidad de vida de los colombianos.

Analistas políticos advierten que la seguridad urbana y fronteriza, así como la situación económica, serán determinantes para definir la intención de voto en las elecciones de 2026. El politólogo Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, señaló que “los votantes priorizan temas como seguridad y economía en contextos de incertidumbre, por lo que estas cuestiones probablemente marcarán la agenda electoral”.

La reunión ministerial del 13 de marzo en Caracas marca un paso importante para fortalecer la cooperación bilateral con Venezuela, mientras ambos gobiernos se preparan para la próxima cumbre bilateral programada para el 23 y 24 de abril en Maracaibo, donde los presidentes de Colombia y Venezuela discutirán más ampliamente temas de seguridad, comercio y energía tras años de tensiones diplomáticas entre los dos países.

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El gasoducto, inaugurado en 2007, tiene una extensión de aproximadamente 225 kilómetros y capacidad para transportar hasta 500 millones de pies cúbicos de gas diarios entre ambos países. 

En los encuentros recientes entre autoridades energéticas se acordó avanzar en la reparación de un tramo faltante de tubería para reactivar el transporte de gas natural entre las dos naciones. 

El ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea explicó que cualquier importación de gas desde Venezuela deberá cumplir con requisitos internacionales, incluida una posible licencia de Estados Unidos debido a las sanciones vigentes contra el sector energético venezolano. 

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, afirmó que el Gobierno avanza en conversaciones para traer gas desde Venezuela con el objetivo de cubrir el posible déficit energético que podría enfrentar el país en los próximos años. Según explicó, existe voluntad política entre ambos gobiernos para reactivar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte y facilitar el suministro de gas venezolano hacia territorio colombiano.

“El objetivo es que Colombia pueda contar con gas venezolano antes de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló el ministro. El anuncio ha reavivado el debate sobre la seguridad energética del país y las alternativas que busca el Gobierno para garantizar el abastecimiento de gas en el mercado interno.

Expertos del sector energético consideran que esta cooperación podría ayudar a reforzar el abastecimiento de gas en Colombia, especialmente ante el crecimiento de la demanda industrial y de generación eléctrica.

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