La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Astrith Manrique Olarte dentro de la investigación por el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión del alto tribunal se produjo después de que los magistrados concluyeran que existen indicios de que los congresistas habrían recibido beneficios a cambio de apoyar decisiones del Gobierno en el Congreso. El proceso judicial se adelanta por el delito de cohecho impropio, relacionado con la presunta aceptación de beneficios por el ejercicio del cargo público.
El origen de la investigación
La investigación está relacionada con decisiones tomadas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, un organismo del Congreso que tiene la función de conceptuar sobre operaciones de endeudamiento del Estado colombiano.
Según el expediente, algunos congresistas habrían sido contactados para respaldar créditos internacionales solicitados por el Gobierno. A cambio de ese respaldo político, presuntamente se habrían ofrecido contratos y proyectos financiados con recursos de la UNGRD, entidad que administra millonarios fondos para la atención de emergencias y desastres naturales en el país.
Los beneficios que investiga la Corte
Dentro del proceso judicial se mencionan proyectos y contratos que habrían sido destinados a regiones donde los congresistas tienen influencia política.
Entre las zonas mencionadas en la investigación aparecen Córdoba, base política de Wadith Manzur, así como Arauca, departamento representado por Karen Manrique. También se mencionan posibles obras en Bolívar.
La hipótesis de los investigadores es que algunos de esos contratos podrían haber sido direccionados hacia aliados políticos o estructuras regionales cercanas a los congresistas.
Reuniones y testimonios clave
En el expediente también se analizan reuniones entre congresistas y funcionarios del Ejecutivo en las que se habrían discutido proyectos financiados con recursos de la UNGRD.
Uno de los testimonios clave es el de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda que decidió colaborar con la justicia.
Según su declaración, participó en reuniones en las que se discutían proyectos para diferentes regiones mientras se buscaba apoyo político en el Congreso. Su testimonio se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación.
Los testigos que destaparon el escándalo
El proceso también se basa en las declaraciones de exdirectivos de la UNGRD que decidieron colaborar con las autoridades.
Entre ellos están Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector. Ambos explicaron ante la justicia cómo, según su versión, se habrían negociado apoyos políticos con congresistas utilizando contratos financiados con recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
Impacto político del caso
La Corte Suprema decidió ordenar la detención preventiva de los congresistas mientras continúa el proceso judicial. El tribunal considera que existen suficientes indicios para que el caso avance hacia una etapa de juicio.
El caso ha generado un fuerte impacto político porque Wadith Manzur y Karen Manrique habían sido reelegidos recientemente al Congreso, pocos días antes de que se conociera la decisión judicial.
El escándalo de corrupción en la UNGRD es considerado uno de los casos más graves de presunto desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en Colombia. Las investigaciones continúan y no se descarta que más funcionarios y congresistas puedan ser llamados a declarar en los próximos meses.
