Una diligencia judicial histórica permitió el ingreso a la bodega señalada como centro clandestino de tortura. El reportaje investigativo “La bodega del terror” del periodista Julián Martínez vuelve el caso al foco nacional por presuntos vínculos entre paramilitarismo, corrupción política y agentes del Estado.
Barranquilla vive un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos en la región Caribe. Tras más de dos décadas de espera, autoridades judiciales realizaron una inspección técnica y forense en el inmueble conocido como “la bodega”, lugar donde habría sido retenido y asesinado el profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero.
La diligencia fue impulsada por familiares de la víctima y respaldada por organismos nacionales e internacionales especializados en investigación forense. El objetivo principal fue aplicar protocolos internacionales para documentar posibles evidencias relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos.
La bodega y su vínculo con “La Gata”
El predio estuvo vinculado a la empresaria del chance Enilce López, conocida como “La Gata”, quien fue investigada y condenada por lavado de activos y vínculos con estructuras paramilitares. De acuerdo con la investigación periodística, la empresa Uniapuestas habría adquirido el inmueble tras la muerte del narcopiloto Gustavo Adolfo Rey. La Fiscalía ha señalado en otros procesos que parte del entramado empresarial de López fue utilizado para mover recursos de origen ilícito.
El reportaje también retoma las declaraciones entregadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el exsenador Álvaro Ashton, quien reconoció vínculos con estructuras paramilitares del Caribe. En su comparecencia, Ashton señaló que existía una alianza entre actores políticos, paramilitares y sectores de la fuerza pública, y describió un esquema sistemático de persecución contra líderes sindicales y críticos de la universidad pública.
Según esas declaraciones, el asesinato del profesor Freiter se enmarcaría dentro de una estrategia más amplia de control político y eliminación de opositores en la región.
Durante la diligencia forense en la bodega, se documentaron hallazgos estructurales de alta relevancia que podrían tener implicaciones en la investigación, incluyendo remodelaciones internas que podrían haber alterado la escena original, un túnel subterráneo que habría funcionado como ruta de escape, evidencia de que el inmueble operó como hangar donde se almacenaban aeronaves, y referencias a operaciones logísticas vinculadas a comandantes paramilitares del Bloque Norte de las AUC como Salvatore Mancuso, Jorge 40 (Rodrigo Tovar Pupo) y Eduardo Arcobostelles, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar no solo fue un centro clandestino de detención, sino también un punto estratégico para la operatividad de grupos armados ilegales en la región Caribe.
Centro clandestino y presunta alianza criminal
El teniente del GAULA, Flower Argeni Torres, relató ante la comisión forense cómo se desarrolló el secuestro y asesinato del profesor Jorge Freiter. Según su testimonio, el docente fue llevado al segundo piso de la bodega, donde fue sometido a tortura mediante asfixia con bolsa y descargas eléctricas, y posteriormente trasladado en el baúl de un Volkswagen Rojo Coupé hacia las afueras de Barranquilla, donde fue rematado mediante tiros de gracia. Torres confirmó la coordinación entre miembros de la Policía, Ejército y paramilitares para ejecutar estos crímenes, evidenciando que la bodega funcionaba como un centro de tortura y un punto estratégico de operaciones logísticas del Bloque Norte de las AUC. Su declaración refuerza la versión de que el asesinato de Freiter fue parte de un plan sistemático de exterminio dirigido contra docentes, sindicalistas y críticos de la universidad pública.
Durante la inspección forense también se descubrió que la bodega funcionó como hangar clandestino, albergando aeronaves utilizadas por estructuras paramilitares. Entre los hallazgos se identificaron helicópteros, incluyendo modelos Hux 369E con matrículas HK 4322X y HK 4321X, que habían sido donados originalmente a fuerzas militares extranjeras y adquiridos de manera irregular para operaciones ilícitas en Colombia. Los aparatos, que fueron trasladados posteriormente a otro predio conocido como La Bodega Chamical, evidencian la dimensión logística de la operación del Bloque Norte de las AUC y su conexión con empresarios vinculados al narcotráfico, reforzando la hipótesis de que el inmueble no solo fue un centro de tortura, sino también un nodo estratégico de movilización de recursos y armamento.
La investigación del periodsita Julián Martínez también reveló vínculos financieros entre Enilce López, alias La Gata, y la campaña presidencial de Álvaro Uribe en 2002. Según registros de contabilidad de la campaña y reportes de medios de comunicación, Uniapuestas, el conglomerado de apuestas de López, aportó cerca de 100 millones de pesos a la contienda electoral, consolidando un nexo entre el poder político y estructuras vinculadas al narcotráfico. Este aporte, reconocido públicamente por el propio Uribe en medio del escándalo por financiación paramilitar, evidencia cómo empresarios con antecedentes criminales pudieron influir en la política nacional, reforzando el entramado de intereses que rodea a la bodega y su operatividad logística para el Bloque Norte de las AUC.
